El Paso Parents Sue School District to Reopen, Rebuild Schools in the Chamizal Neighborhood
EL PASO, Texas -- Parents in the Chamizal neighborhood on June 15 sued the El Paso Independent School District (EPISD) to reopen two Beall and Burleson elementary schools and force the school district to pay for critical building and environmental safety improvements in the area.
The suit, filed in U.S. District Court in El Paso, seeks to require EPISD to fund improvements to Chamizal schools consistent with the money being allocated to other schools as a result of the $668 million schools bond approved in 2016.
The suit was filed by Texas RioGrande Legal Aid on behalf of Familias Unidas Por La Educación, a community nonprofit composed of parents and students in South Central El Paso. Familias Unidas is also asking the court to require EPISD to conduct testing and remediation to make sure schools in the Chamizal neighborhood are environmentally safe.
Familias Unidas Por La Educación will hold a news conference on the lawsuit at Noon on Wednesday, June 17, outside the U.S. District Courthouse in El Paso at 525 Magoffin Ave.
“EPISD has used every means possible to silence our parents," said Hilda Villegas, president of Familias Unidas Por La Educación. "They have no respect for us because we are immigrants, most of us Spanish-speaking. Because of that, our children do not get the same opportunities as children in other parts of El Paso. We need immediate relief through this lawsuit to ensure our children are safe.”
The Chamizal neighborhood has one of the highest rates of poverty in El Paso and has been the subject of repeated discriminatory practices well before the U.S. and Mexico ratified a treaty in 1964 to divide the area between the two nations.
More than half of the population in the Chamizal neighborhood lives below the federal poverty level and 98% of residents are Hispanic. In El Paso as a whole, 20% of the population lives in poverty and 81% is Hispanic.
The Chamizal schools were a key part of the Alvarado v. EPISD school desegregation ruling in 1976, which found vast and systemic disparities in educational opportunities in virtually all aspects of the El Paso school system.
The EPISD has hardly avoided legal trouble since. The school district’s discriminatory practices have required intervention by state and federal agencies including the FBI, the U.S. Department of Education, the U.S. Department of Justice, and the Texas Education Agency.
The Familias Unidas suit stems from actions the EPISD took in voting to close and consolidate schools in 2019. The process resulted in Hispanic students from impoverished neighborhoods being concentrated in schools that are among the oldest, most poorly maintained, and most dangerous in EPISD.
In deciding which schools would need to be closed, EPISD rejected the recommendations of its own engineering firm and instituted a seemingly random calculation to determine whether a school was underutilized. This led to schools in less Hispanic neighborhoods being kept open and Chamizal neighborhood schools being closed.
At every turn in the process, the school district – whose trustees are elected by the public -- declined to take the simple steps needed to consider the concerns of Spanish-speaking parents. The EPISD failed to provide translation for Spanish-speaking parents at school district meetings, ensuring that their concerns about the closing or consolidation of the Chamizal schools would not be understood by a majority of the trustees.
Familias Unidas’ advocacy regarding school closures started with voicing concerns about the environmental hazards at Douglass and Zavala elementary schools since 2016. Although EPISD in 2016 promised to study the environmental concerns at Chamizal schools, no full environmental report has been undertaken.
As Familias Unidas members have long contended, the closures of Beall and Burleson schools have harmed of the Chamizal students who have been forced to attend other schools.
Some parents have been able to utilize the transfer program so their children do not need to attend Douglass or Zavala. Others have moved away from the area for that purpose. Some students are now subject to daily two-to-three-hour round-trip commutes to school. Student grades and morale have suffered.
Familias Unidas has been asking EPISD to address these issues for years. The group’s members have voiced their concerns in informal conversations, public comments, parent complaints, protests, and administrative complaints to the Texas Education Agency and the U.S. Department of Education.
By filing suit, Familias Unidas intends to address the impact of systemic institutional racism that has forced families to send their children to inadequate, underfunded, and environmentally unhealthy schools.
Contact:
Robert Elder | Communications Director
512-374-2764, relder@trla.org
Paulina Almanza | TRLA Attorney
915-271-4361, palmanza@trla.org
Hilda Villegas | President of Familias Unidas Por La Educación
915-222-1977, hvillegas63@yahoo.com
Padres de El Paso Demandan al Distrito Escolar Para Reabrir, Reconstruir las Escuelas en el Vecindario del Chamizal
El 15 de Junio, los Padres del vecindario de Chamizal demandaron al Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) para que en las dos Escuelas Primarias de Beall y Burleson reparen los edificios que están en criticas condiciones y paguen también por seguridad ambiental en el área.
La demanda, que fue presentada en la Corte del Distrito de los Estados Unidos de El Paso, requiere buscar que EPISD financie las reformas de las escuelas de Chamizal de manera consistente con el dinero asignado a otras escuelas como resultado del bono escolar de $668 millones aprobado en 2016.
La demanda fue presentada por Texas RioGrande Legal Aid en nombre de Familias Unidas Por La Educación, una comunidad sin lujo de lucros compuesta de padres y estudiantes en el centro Sur de El Paso. Familias Unidas también está pidiendo a la corte que exija a el EPISD que realice pruebas y corrija la seguridad de las escuelas en el vecindario de Chamizal para que sean ambientalmente seguras.
Familias Unidas Por La Educación tendrá una conferencia de prensa sobre la demanda al mediodía de miércoles el 17 de junio, en frente de la Corte del Distrito de los Estados Unidos en El Paso en la calle 525 Magoffin Ave.
“EPISD ha utilizado todos los medios posibles para silenciar a nuestros padres,” dijo Hilda Villegas, presidenta de Familias Unidas Por La Educación. “No nos tienen respecto porque somos inmigrantes, la mayoría de nosotros hablamos Español. Debido a eso, nuestros niños no tienen las mismas oportunidades como los otros niños en otras partes de El Paso. Necesitamos alivio inmediato a traves de esta demanda para garantizar que nuestros hijos estén seguros.”
El vecindario de Chamizal tiene una de las tasas más altas de pobreza en El Paso y ha sido objeto de repetidas practicas discriminatorias mucho antes de que los Estados Unidos y México ratificaron un tratado en 1964 para dividir el área entre las dos naciones.
Más de la mitad de la población en el vecindario de Chamizal vive por debajo del nivel federal de pobreza y el 98% de los residentes son Hispanos. En El Paso en general, el 20% de la población vive en pobreza y el 81% son Hispanos.
Las escuelas de Chamizal fueron una parte clave en la decisión de desegregación escolar Alvarado v. EPISD en 1976, donde se encontró grande desequilibrio sistemático en las oportunidades educativas en prácticamente todos los aspectos del sistema escolar de El Paso.
El EPISD apenas ha evitado problemas legales desde entonces. Las practicas discriminatorias del Distrito Escolar han requerido la intervención de agencias estatales y federales, incluyendo el FBI, el Departamento de Educación del los EEUU, el Departamento de Justicia de los EEUU, y la agencia de Educación de Texas.
La demande de Familia Unida proviene de las acciones que el EPISD tomó en votación para cerrar y consolidar las escuelas en 2019. El proceso resultó en que los estudiantes hispanos de los vecindarios empobrecidos fueron concentrados en las escuelas más viejas, más mal mantenidas, y más peligrosas en el EPISD.
Al decidir qué escuelas necesitarían cerrarse, EPISD rechazó las recomendaciones de su propia empresa de ingeniería e instituyó un calculo aparentemente al azar para determinar si una escuela estaba subutilizada. Esto llevó a que las escuelas en los vecindarios con menos Hispanos se mantuvieran abiertas y las escuelas del vecindario de Chamizal se cerraran.
A cada paso del proceso, el Distrito Escolar—quienes los miembros del Consejo son elegidos por el público—negó tomar los pasos necesarios para considerar las preocupaciones de los padres que hablan Español. El EPISD no proporcionó traducción para los padres que hablaban Español en las reuniones del Distrito Escolar, asegurando que sus preocupaciones sobre el cierre o la consolidación de las escuelas de Chamizal no fueran entendidas por la mayoría de los miembros del Consejo.
La defensa de Familias Unidas con respecto al cierre de las escuelas comenzó expresando preocupaciones sobre los riesgos ambientales en las Escuelas Primarias Douglass y Zavala desde el 2016. Aunque en 2016 EPISD prometió estudiar las preocupaciones ambientales en las escuelas de Chamizal, no se ha realizado ningún informe ambiental completo.
Como los miembros de Familias Unidas han luchado por mucho tiempo, los cierres de las escuelas de Beall y Burleson han perjudicado a los estudiantes de Chamizal que fueron forzados a asistir a otras escuelas.
Algunos padres han podido utilizar el programa de transferencia para que sus hijos no necesiten asistir a Douglass o Zavala. Otros se han ido del área por ese propósito. Algunos estudiantes ahora están obligados a viajes diarios de ida y vuelta de dos a tres horas a la escuela.
Familias Unidas ha estado pidiendo a EPISD que aborden estos problemas durante años. Los miembros del grupo han expresado sus preocupaciones en conversaciones informales, comentarios públicos, quejas de los padres, protestas, y quejas administrativas ante la Agencia de Educación de los EEUU.
A través de esta demanda, Familias Unidas tiene la intención de abordar el impacto del racismo institucional sistemático que ha obligado a las familias a enviar a sus hijos a escuelas inadecuadas, con fondos insuficientes, y ambientalmente insalubres.
Contact:
Robert Elder | Communications Director
512-374-2764, relder@trla.org
Paulina Almanza | TRLA Attorney
915-271-4361, palmanza@trla.org
Hilda Villegas | President of Familias Unidas Por La Educación
915-222-1977, hvillegas63@yahoo.com
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